Ley Natural, Derecho Natural y política
Angel Rodríguez Luño
Catedrático de Teología
Moral Fundamental.
Facultad de Teología
Universidad Pontificia de la
Santa Cruz
1. ¿Qué es la ley natural?
El concepto de ley natural es un concepto filosófico, del que se
han ocupado ampliamente las más variadas orientaciones del pensamiento ético
a lo largo de la historia. Es verdad que también está presente en las
principales religiones del mundo, y en la religión católica tiene una gran
importancia. Pero eso no hace de la ley natural un tema confesional, sea
porque la noción es originariamente filosófica, sea porque la religión
católica lo ve como un instrumento de diálogo con todos los hombres, que
debería permitir la convergencia en torno a unos valores comunes que la
actual dimensión global de los problemas éticos hace particularmente
necesaria: los problemas comunes exigen soluciones umversalmente
compartidas.
Entendiéndola en su sentido ético más básico, la ley natural es la
orientación fundamental hacia el bien inscrita en lo más profundo de nuestro
ser, en virtud de la cual tenemos la capacidad de distinguir el bien del
mal, y de orientar la propia vida, con libertad y responsabilidad propia, de
modo congruente con el bien humano. Santo Tomás de Aquino la considera como
un aspecto inseparable de la creación de seres inteligentes y libres, y por
ello la entiende come la participación de la sabiduría creadora de Dios en
la criatura racional[1]. Esta ley, dice Santo Tomás, "no es otra cosa que la
luz de la inteligencia infundida en nosotros por Dios. Gracias a ella
conocemos lo que se debe hacer y lo que se debe evitar"[2]. Con estas
palabras se quiere afirmar que la inteligencia humana tiene la capacidad de
alcanzar la verdad moral, y que cuando esta capacidad se ejercita rectamente
y se logra alcanzar la verdad, nuestra inteligencia participa de la
Inteligencia divina, que es la medida intrínseca de toda inteligencia y de
todo lo inteligible y, en el plano ético, de todo lo razonable. En virtud de
esa presencia participada, nuestra inteligencia moral tiene un verdadero
poder normativo, y por eso se la llama ley.
Para entender bien qué es la ley natural conviene no olvidar que la noción
de ley es análoga. Lo que a nosotros nos resulta más conocido son las leyes
políticas emanadas por el Estado, y por eso existe el peligro de entender la
ley natural como la expresión de un poder que se nos impone, o bien como un
código inmutable de leyes ya hechas deducible especulativamente de una
concepción de la naturaleza humana, como en siglos pasados pretendió el
racio- nalismo[3].
A mi juicio es importante entender bien el significado de la razón práctica
en la constitución de la ley natural. La ley natural no es una especie de
código civil universal. En realidad no es otra cosa que el hecho,
incontestable, que el hombre es un ser moral y que la inteligencia humana
es, de suyo, también una inteligencia práctica, una razón moral, capaz de
ordenar nuestra conducta en vista del bien humano. Con otras palabras, ley
moral natural significa que la instancia moral nace inmediata y
espontáneamente del interior del hombre, y encuentra en él una estructura
que la alimenta y sostiene, sin la cual las exigencias éticas serían
opresivas e incluso completamente ininteligibles.
La ley moral natural fundamentalmente está formada por los principios que la
razón práctica posee y conoce por sí misma, es decir, en virtud de su misma
naturaleza. La ley natural es la ley de la razón práctica, la estructura
fundamental del funcionamiento de la razón práctica, de todas sus evidencias
y de todos sus razonamientos. Pero hay que añadir inmediatamente que la
razón práctica se diferencia de la razón especulativa porque la razón
práctica parte no de premisas especulativas, sino del deseo de unos fines,
que la ponen en movimiento para buscar el modo justo de realizarlos. Por eso
la razón práctica se mueve en el ámbito de las inclinaciones naturales, de
las tendencias propias de la naturaleza humana (como son, por ejemplo, la
sociabilidad, la creatividad y el trabajo, el conocimiento, el deseo de
libertad, la tendencia sexual, el deseo de amar y de ser amado, la tendencia
a la propia conservación y la seguridad, etc.).
La ley moral natural se llama "natural" porque tanto la razón que la formula
como las tendencias o inclinaciones a las que la razón práctica hace
referencia son partes esenciales de la naturaleza humana, es decir, se
poseen porque pertenecen a lo que el hombre es, y no a una contingente
decisión que un individuo o un poder político puede tomar o no. De aquí
procede lo que suele llamarse "universalidad" de la ley moral natural. La
universalidad de la ley natural no se debe concebir como si se tratase de
una especie de ley política válida para todos los pueblos de todos los
tiempos. Significa simplemente que la razón de todos los hombres,
considerada en sus aspectos más profundos y estructurales, es
substancialmente idéntica. La universalidad afirma la identidad substancial
de la razón práctica. Si la razón práctica no fuese unitaria en sus
principios básicos, no sería posible el dialogo entre las diversas culturas,
ni el reconocimiento universal de los derechos humanos, ni el derecho
internacional. Esta universalidad coexiste con la diversidad de aplicaciones
prácticas por parte de los diferentes pueblos a lo largo de la historia,
diversidad que se hace más grande cuanto más lejos de los principios básicos
están los problemas de que se trata.
Si quisiéramos añadir algunas consideraciones desde el punto de vista
cristiano, habría que decir que la ley moral natural es objetivamente
insuficiente y fragmentaria. Es insuficiente para ordenar la convivencia
social, y por eso ha de ser completada por las leyes civiles; y, en la
práctica, es también insuficiente para garantizar la realización del bien
personal: aunque, en línea de principio, indica todas las exigencias del
bien humano, no posee la fuerza necesaria para evitar el oscurecimiento de
la percepción de algunas exigencias éticas, debido al desorden introducido
por el pecado en el hombre. Por otra parte, considerada la totalidad del
designio salvífico de Dios, es obvio que el bien sobrenatural del hombre, es
decir, la realización de la unión con Cristo a través de la fe, la esperanza
y la caridad, excede completamente el alcance de la ley moral natural.
2. Ley moral natural y percepciones morales erróneas
La existencia de la ley moral natural es compatible con la existencia y
difusión de percepciones morales erróneas. Se trata de una cuestión
compleja, sobre la que aquí me limitaré a proponer dos consideraciones.
La primera es que la ley moral natural es "natural" de modo muy parecido a
como es natural para el hombre el lenguaje oral y escrito: los animales
irracionales nunca conseguirán hablar, en cambio el hombre tiene la
capacidad natural de hacerlo. Pero el ejercicio efectivo de esa capacidad
requiere un largo período de aprendizaje. Y así como la calidad del lenguaje
oral y escrito de cada uno depende de la calidad de su educación, así
también de la diversa educación moral y humana dependerá en buena parte el
valor de verdad de los juicios morales que cada uno formula. Esto no
constituye en realidad una objeción válida acerca de la existencia de la ley
natural. Podría constituir una objeción la existencia de hombres
completamente amorales, sin razón práctica, que no asumiesen, ante la propia
vida o ante la de los demás, una actitud de valoración y de juicio; pero
esto no sucede: por más que a veces se puedan encontrar comportamientos
morales muy deformados, nunca son plenamente amorales. Del hecho que una
capacidad natural pueda desarrollarse poco o ejercitarse de manera
defectuosa, no es lícito concluir que tal capacidad no existe. Es verdad, en
cambio, que el recto ejercicio de esa capacidad es una gran responsabilidad
personal y colectiva.
La segunda consideración pertinente es que no todos los elementos de la ley
natural tienen la misma evidencia. Considerada en su más íntima estructura,
la ley natural está constituida por principios reguladores de la actitud
(uso, posesión, deseo) ante los diferentes bienes humanos (tiempo, dinero,
salud, amistad, sexualidad, etc.), que son las virtudes. Pero colocándonos
en el plano de la reflexión sobre la actividad reguladora de la razón
práctica, muchas de las exigencias de las virtudes se pueden formular como
preceptos, y por eso se puede hablar de preceptos de la ley natural. No
todos estos preceptos tienen la misma evidencia. En este sentido, Santo
Tomás distingue tres órdenes de preceptos[4]: los principios primeros y
comunes, que gozan de la máxima evidencia y que son aplicables a los
diferentes ámbitos del obrar (la regla de oro, por ejemplo); los preceptos
secundarios muy cercanos a los preceptos de primer orden, que se refieren ya
a ámbitos específicos del obrar (relaciones interpersonales, sexualidad,
comercio, etc.), y que pueden ser alcanzados a partir de los de primer orden
por medio de razonamientos sencillos y al alcance de todos. A este nivel
está el Decálogo;
los preceptos secundarios más lejanos de los preceptos primeros, y que
pueden ser conocidos a partir de los de segundo orden mediante razonamientos
difíciles, que no están desde luego al alcance de todos. Santo Tomás dice
que la generalidad de las personas llegan a conocer los preceptos de tercer
orden mediante la enseñanza de los sabios[5]. En este tercer orden de
preceptos me parece que está, por ejemplo, la absoluta indisolubilidad del
matrimonio.
A mi modo de ver, buena parte de los fenómenos actuales que son objeto de
debate y que causan no poco dolor ponen de manifiesto el oscurecimiento, en
el nivel individual y social, de percepciones morales de notable
importancia, pero que en su mayor parte pertenecen a lo que hemos llamado
antes preceptos de tercer orden, aunque en algún caso el oscurecimiento está
llegando por desgracia bastante más arriba.
No cabe duda de que las personas y los pueblos pueden equivocarse en el modo
de proyectar su vida. La historia y la experiencia lo demuestran. Pero la
historia también demuestra que las personas y los pueblos no pierden la
capacidad de auto-corregirse, y de hecho han logrado corregir total o
parcialmente errores importantes como son la esclavitud, la discriminación
racial, la atribución a la mujer de un papel subordinado en la vida familiar
y social, la con cepción absolutista del poder político, etc. La ley natural
es desde luego la norma según la cual todos, creyentes y no creyentes
seremos juzgados, pero en el plano operativo se la debe ver no como un
argumento de autoridad para condenar a otros, sino como un tesoro que está
en nuestras manos y que comporta una tarea: contribuir mediante el diálogo y
la acción inteligente para que la evolución de las personas y de los pueblos
sea siempre un verdadero progreso.
En orden a esta contribución positiva conviene reflexionar sobre las causas
del oscurecimiento de algunas cuestiones éticas que en el pasado parecían de
una evidencia indiscutible. Se trata sin duda de causas complejas. Entre
ellas tiene mucha importancia, a mi juicio, un modo no exacto de concebir la
relación entre las cuestiones éticas y las ético-políticas.
Siempre se ha sabido que la consecución de la madurez moral personal no es
independiente de la comunicación y de la cultura, es decir, de la lógica
inmanente y objetivada en el ethos del grupo social, un ethos que presupone
compartir ciertos fines y ciertos modelos, y que se expresa en leyes, en
costumbres, en historia, en la celebración de eventos y personajes que se
adecuan a la identidad moral del grupo. Por este motivo se consideraba
razonable reforzar mediante diversas formas de presión familiar, social y
política, exigencias éticas de índole personal o social. En los diversos
países, y a lo largo de la historia, muchas veces se logró un adecuado
equilibrio entre la protección del ethos social y la libertad personal, pero
en tantas otras ocasiones se han creado situaciones de hecho y de derecho no
suficientemente respetuosas de la autonomía personal y de la distinción que
existe y debe existir entre el ámbito público y el privado. La cuestión es
difícil, y no podemos detenernos en ella. Lo cierto es que ciertas
situaciones históricas hacen que hoy pueda ser creíble a los ojos de muchos
la crítica dirigida a ciertas normas morales en nombre de la libertad y,
sobre todo, que resulte aceptable para muchos conceder una hiper-protección
legal a comportamientos nocivos que no la merecen, por el simple hecho de
que quizá en el pasado tuvieron que sufrir una censura que no siempre
conseguía respetar de modo equilibrado el ámbito de la autonomía personal
privada. El caso de las conductas homosexuales puede servir de ejemplo.
Repito que la cuestión es difícil. Me he ocupado de ella en algunas
publicaciones dedicadas al estudio del relativismo ético-social[6]. En todo
caso, la herencia del pasado explica que quien se opone a los que con
ligereza inadmisible sacrifican la verdad sobre el altar de la libertad,
hayan de hacerlo con modalidades que ni siquiera den la impresión de que
están dispuestos a sacrificar la libertad sobre el altar de la verdad,
actitud esta última que tampoco sería aceptable, porque la libertad es un
bien humano fundamental y forma parte sin duda del bien común. En todo caso,
pienso que algunas consideraciones sobre la relación entre la ley natural,
el derecho natural y la política pueden tener algún interés.
3. Derecho natural y política
Se llama "derecho natural" a un ámbito particular de la ley
natural: el ámbito de la justicia. El derecho natural es por ello algo más
restringido que la ley natural. Se refiere fundamentalmente a la relación
entre personas, entre instituciones o entre personas e instituciones, y por
eso está en la base del orden social.
El derecho natural no es un cuerpo de leyes distinto de lo que nosotros
llamamos hoy "ordenamiento jurídico" o cuerpo de las leyes del Estado.
Aristóteles lo entendía de otra manera. En el derecho y en las leyes
políticas, dice en la Ética a Nicómaco[7], hay dos componentes: uno natural
y otro legal. Es natural "lo que tiene en todas partes la misma fuerza,
independientemente de que lo parezca o no"; es legal "aquello que en un
principio da lo mismo que sea así o de otra manera, pero una vez establecido
ya no da lo mismo"[8]. El derecho natural es una parte de lo que comúnmente
llamamos derecho y ley, la parte que es naturalmente justa y por ello debe
ser siempre así. Si consideramos, por ejemplo, la ley de tráfico española e
inglesa, por la cual en España los automóviles van por la derecha de la
carretera y en Inglaterra en cambio por la izquierda, se distingue en ella
algo natural y algo convencional: es naturalmente justo y razonable que,
dada la impenetrabilidad de la materia y mientras ésta dure, los coches que
van y los que vienen no pueden ir por el mismo lado de la carretera; es
convencional que los automóviles vayan por la derecha o por la izquierda. Se
puede elegir lo que más guste, pero una vez que se llegue a una decisión,
todos la han de aceptar. El respeto de la justicia natural asegura un primer
ajuste de la vida social a la realidad del mundo y al bien de las personas y
de los pueblos. Si alguien se empeña en organizar la vida social como si la
tierra fuera cuadrada o como si los hombres se encontrasen a gusto a una
temperatura ambiente de diez grados bajo cero, se estrellará y, si todos le
seguimos, nos estrellaremos todos. El respeto de lo que es justo por
naturaleza es parte esencial de una característica fundamental de toda ley:
la racionalidad, el ser razonable.
Los que trabajan en el mundo de la justicia, y muy particularmente los
gobernantes y los legisladores, suelen notar una cierta incomodidad ante el
concepto de derecho natural, porque les parece que se puede convertir en una
instancia a la que cada ciudadano se puede apelar para desobedecer, por
motivos de conciencia, a las leyes del Estado. El derecho natural se podría
convertir en un instrumento desestabilizador en manos del arbitrio o de los
intereses subjetivos, principio de desorden, enemigo de la certeza del
derecho. Es una desazón semejante a la que suscita en los gobernantes la
idea de objeción de conciencia y, en general, todo lo que podría justificar
la desobediencia a las leyes.
No cabe duda de que puede haber algo de verdad en estos temores, y en
ocasiones lo habrá. Pero si vamos derechamente al núcleo de la cuestión,
habrá que reconocer con Karl Popper que la "sociedad abierta", democrática y
laica, se fundamenta sobre el dualismo fundamental entre "datos de hecho" y
"criterios de valor". Una cosa son los datos de hecho (leyes e instituciones
concretas) y otra son los criterios éticos justos y verdaderos, que son
independientes y superiores al proceso político que produce los datos de
hecho. Los datos de hecho pueden conformarse a los criterios racionales de
justicia, y generalmente se conforman, pero pueden también no conformarse.
Como añade Popper, querer negar dicho dualismo equivale a sostener la
identificación del poder con el derecho; es, pura y simplemente, expresión
de un talante totalitario[9]. El totalitarismo es un monismo, es poner todo
en las mismas manos, identificar la fuente del poder político con la del
valor moral y con la de la racionalidad. Es cierto que las instituciones
políticas gozan de una autonomía política y jurídica, pero esto no comporta
en modo alguno negar la trascendencia de los criterios de valor sobre los
hechos y los acuerdos políticos. Quien negase esta dualidad, estaría a un
paso de "convertir los hechos mismos —mayorías concretas, medidas
legislativas, etc.— en valores políticos supremos y moralmente
inapelables"[10].
No obstante lo dicho, el cuerpo legislativo es política y jurídicamente
autónomo. Efectivamente, lo es y lo debe ser. Pero la autonomía del cuerpo
legislativo no es el único principio de nuestro sistema social. La autonomía
del cuerpo legislativo se encuadra en un largo proceso, que ha tenido lugar
en la teoría política moderna, que se propuso como objetivo asegurar algunos
elementos básicos del derecho natural, como son los derechos humanos y otras
exigencias de la justicia, mediante un sistema de garantías jurídicas e
institucionales.
Una de esas garantías es la división de poderes. El poder legislativo ha de
ser autónomo también en su relación con el poder ejecutivo, para lo cual,
sobre todo por lo que se refiere a los temas discutidos o éticamente
sensibles, la disciplina de partido no puede sofocar el derecho de cada
miembro del Parlamento a no aprobar con su voto lo que en conciencia
considera que es un mal importante para el propio país: cada parlamentario
suele pertenecer a un partido político, pero no es un robot. El poder
judicial también debe ser autónomo en el ejercicio de su función de aplicar
equitativamente las leyes, y ello exige independencia e imparcialidad tanto
por parte de los magistrados que juzgan como por parte de los que instruyen
y de los que acusan. Ni los unos ni los otros pueden ser vistos como
funcionarios dependientes del poder ejecutivo (pues no serían autónomos) ni
de los partidos políticos (pues entonces no serían imparciales).
Otro medio de protección de los derechos humanos y de otros contenidos del
derecho natural es la Constitución. La Constitución de un país es, por
definición, una limitación del poder de legislar, y por ello su
interpretación no puede quedar sometida a los juegos de las mayorías y de
los acuerdos políticos que determinan las opciones del legislador ordinario.
Para que esto sea una realidad, el organismo encargado de controlar la
constitucionalidad de las leyes ha de ser verdaderamente autónomo e
imparcial, y su actividad tendrá como punto de referencia único y exclusivo
los valores en que ha ido cristalizando el constitucionalismo occidental. El
nombramiento y la duración del mandato de los jueces constitucionales debe
responder a procedimientos que sean y parezcan libres de cualquier sospecha.
Un Estado sólo es verdaderamente constitucional cuando existe la garantía de
que ciertas cosas no podrán ser hechas ni por un ciudadano, ni por una parte
política ni siquiera por todos los ciudadanos juntos. Ejemplos de cosas que
ninguno puede hacer podrían ser los siguientes: lesionar los derechos
humanos, dejarlos sin tutela y vaciarlos de contenido en la práctica;
limitar las libertades fundamentales si no es por una razón gravísima y por
breve tiempo; sofocar el pluralismo en los diversos ámbitos de la vida
social (enseñanza, información, política, religión, etc.); deformar las
instituciones fundamentales del sistema político y del sistema social;
extender la acción del aparato estatal a ámbitos que pertenecen a la
autonomía privada de los ciudadanos o de las familias, intromisión que
también puede revestir la forma de hiper-protección. Estas cuestiones, y
otras que se podrían mencionar, son claras exigencias del derecho natural,
que quieren garantizar en la vida social un orden que garantice la vida, la
libertad y la justicia[11].
Los gobernantes podrían objetar que, si las cosas están así, se les escapa
el poder de las manos y no pueden llevar a la práctica su programa
electoral. Es verdad que en la política moderna el ejecutivo tiene el
derecho de realizar el programa aprobado por los electores, pero tal derecho
no es ilimitado. Tiene los límites institucionales que estamos mencionando,
y desde luego no otorga la potestad de atropellar las garantías
institucionales de la libertad y de la justicia.
Para cualquiera que conozca la historia de la tradición política moderna
occidental es evidente que la libertad no es un valor abstracto. La libertad
se defiende en cuanto que es la forma propiamente humana de la vida. Vivir
como hombres es vivir libres. Inicialmente, la política europea moderna se
propuso defender el valor de la vida. Por eso Norberto Bobbio quiso
recordar, cuando en Italia se discutía acerca de la ley del aborto, "que el
primer gran escritor político que formuló la tesis del contrato social,
Thomas Hobbes, sostenía que el único derecho al cual los contrayentes no
habían renunciado al entrar en sociedad era el derecho a la vida"[12]. Y en
otra ocasión, pero en el mismo contexto, añadió: "Me asombra que los laicos
dejen a los creyentes el privilegio y el honor de afirmar que no se debe
matar"[13]. La advertencia de los límites que llevaba consigo el absolutismo
de Hobbes, hizo entender a los escritores políticos posteriores que una vida
sin libertad y sin justicia no es una vida humana, y así el ideario político
occidental se fue organizando no sólo en torno al valor de la vida, sino
también en torno a la libertad y a la justicia. Pero la libertad seguía
siendo la forma más alta de la vida, la vida humana libre, por lo que
resultaba inconcebible que la libertad pudiera alzarse contra la vida. Por
eso la vida es en realidad el primer valor protegido por la tradición
constitucional moderna de Occidente.
Existen otros valores sustanciales pertenecientes al derecho natural, sobre
los que ahora no es posible detenerse. Aquí he querido dedicar más atención
a las garantías estructurales y procedimentales del derecho natural, y lo he
hecho deliberadamente por dos razones: para mostrar su valor ético, en
cuanto que son garantías de la libertad y de la justicia, y porque ninguno
tiene el monopolio de lo razonable. Las formas razonables de vida social son
una conquista histórica de los pueblos que buscan sincera y colectivamente
la verdad en un clima de diálogo, de respeto recíproco y de amor sincero a
la libertad de los demás. Sin respeto convencido de las reglas y de las
garantías de las que antes he hablado, sin voluntad de alcanzar síntesis
políticas que asuman lo que tiene de verdad la posición de los adversarios,
sin deseo de cultivar el lenguaje en cuanto instrumento de un pensamiento y
de un diálogo capaz de matices y de convergencias, es muy difícil que lo
razonable prevalezca como cauce por el que discurre el ejercicio del poder
político. El derecho natural comporta que el ejercicio del poder y la
dialéctica política se dejarán inspirar por una profunda confianza en el
método del diálogo y en el poder de convicción de lo razonable.
Notas
[1] Cfr.Summa Theologiae, I-II, q. 91, a. 2.
[2] Santo Tomás de Aquino, In duo praecepta
caritatis et in decem legis praecepta. Prologus: Opuscula Theologica II,
Marietti, Turín 1954, n. 1129.
[3] Sobre la idea de la ley natural en el
voluntarismo y en el racionalismo, véase: Commissione Teologica
Internazionale,Alla ricerca di un'etica universale: nuovo sguardo sulla
legge naturale, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2009, nn.
29-33.
[4] La terminología de Santo Tomás es algo
oscilante. VéaseSumma Theologiae, I-II, q. 94, a. 6; q. 100, a. 3; y II-II,
q. 122, a. 1.
[5] Cfr.Summa Theologiae, I-II, q. 100, a. 3.
[6] Cfr. A. Rodríguez Luño, Cultura política y
conciencia cristiana. Ensayos de ética
política,Rialp, Madrid 2007, pp. 179-196.
[7] Cfr.Ética a Nicómaco, V, 7: 1134 b 19 ss.
[8] Ibid.: 1134 b 19-22.
[9] Sobre este punto, véase M.
Rhonheimer,Cristianismo y laicidad. Historia y actualidad de una relación
compleja, Rialp, Madrid 2009, pp. 127-131. En esas páginas el autor se
refiere a la obra de Karl Popper,The Open Society and its Ennemies.
[10] M. Rhonheimer,Cristianismo y laicidad, cit.,
p. 127.
[11] El enraizamiento del Estado moderno en los
valores ético-políticos de la vida, la seguridad, la libertad y la justicia
ha sido vigorosamente puesto de relieve por M. Kriele, Einführung in die
Staatslehre. Die geschichtlichen Legitimitätsgrundlagen des demokratischen
Verfassungsstaates, 4[a] ed., Westdeutscher Verlag, Opladen 1990.
[12] Entrevista publicada enLa Stampa, 15-V-1981.
[13] Entrevista publicada en elCorriere della
Sera, 6-IV-1981.