Estado laico, laicidad y laicismos y la Iglesia católica según el Derecho Canónico
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Estado
laico existe gracias a la Iglesia
Autor: Pedro María Reyes Vizcaíno
Fuente: Libertad Religiosa en la web
El Estado moderno ha de garantizar su independencia de las confesiones
religiosas, y garantizar la libertad religiosa.
Estado laico, laicidad y laicismo
Al hablar de las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado
es común describir al Estado como laico. Incluso se hacen esfuerzos por
preservar la laicidad del Estado ante lo que se consideran ataques a esta
característica. La definición del Estado como laico, sin embargo, requiere
algunos matices.
Por laico en derecho canónico se entiende a la persona que vive en medio del
mundo, y ejerce su vocación de santidad en las circunstancias ordinarias de
la sociedad. La doctrina canonista antigua contrapone laico a clérigo o
sacerdote. Naturalmente, la aplicación de este sentido de laico al Estado no
tiene sentido.
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define laico, en su
segunda acepción, como relativo a la escuela o enseñanza en que se prescinde
de la instrucción religiosa. Por laicismo entiende la Real Academia la
doctrina que defiende la independencia del hombre o de la sociedad, y más
particularmente del Estado, de toda influencia eclesiástica o religiosa.
Parece que quienes aplican el adjetivo de laico al Estado tienen en la mente
esta última definición. El concepto de Estado laico se refiere, de modo
propio, al Estado en que se prescinde de la enseñanza religiosa y, por
extensión, al Estado independiente de toda influencia religiosa, tanto en su
constitución como en sus individuos. Este uso extendido de la expresión
Estado laico parece que es el que se suele emplear.
El laicismo, por su parte, se define como una doctrina que se contrapone a
las doctrinas que defienden la influencia de la religión en los individuos,
y también a la influencia de la religión en la vida de las sociedades. En
cuanto tal debe considerarse una doctrina más, que no es religiosa porque se
basa precisamente en la negación a la religión de su posibilidad de influir
en la sociedad, pero no hay motivo para considerarla más que eso: una
doctrina más, tan respetable como las doctrinas que sí son religiosas, pero
no más.
Por lo tanto, la cuestión es la posibilidad de que el Estado sea
verdaderamente independiente de cualquier influencia religiosa.
Consecuentemente, si es posible, los límites de la actuación del Estado en
su relación con los individuos.
El Estado y la libertad religiosa
Naturalmente, la independencia del Estado de cualquier influencia religiosa
se debe entender en el contexto del derecho a la libertad religiosa. La
Declaración de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, en su artículo 2, 1 establece
que “toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta
Declaración sin distinción alguna de (...) religión”. El artículo 18,
además, indica que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento,
de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de
religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o
creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por
la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”. El artículo 30, que
cierra la Declaración de Derechos Humanos, prohíbe que se interpreten estos
derechos en el sentido de que se confiera derecho al Estado para realizar
actividades o actos que tiendan a suprimir cualquiera de los derechos
proclamados por la misma Declaración.
Los constitucionalistas contemporáneos suelen poner el límite del orden
público en el ejercicio de la libertad religiosa, y así ha sido recogido en
la mayoría de las Constituciones en vigor. El orden público como límite al
ejercicio del derecho a la libertad de religión -y de otros derechos- se
puede interpretar como la garantía del respeto a los derechos humanos por
parte de los fieles de una confesión religiosa. El límite del orden público
no viene recogido en la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, pero no parece razonable constituir el derecho a la libertad
religiosa como absoluto, sin los límites siquiera de los demás derechos
humanos. Fuera de los casos en que el ejercicio de la libertad religiosa
atente al orden público, el Estado debe garantizar el libre ejercicio del
derecho a manifestar la propia creencia religiosa.
La Iglesia Católica, por su parte reconoce el derecho a la libertad
religiosa en la Declaración Dignitatis Humanae, del Concilio Vaticano II, en
su número 2:
“Este Concilio Vaticano declara que la persona humana tiene derecho a la
libertad religiosa. Esta libertad consiste en que todos los hombres han de
estar inmunes de coacción, sea por parte de personas particulares como de
grupos sociales y de cualquier potestad humana; y esto, de tal manera que,
en materia religiosa, ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni
se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o
asociado con otros, dentro de los límites debidos”.
Por ambas fuentes -la eclesiástica y la civil- vemos que el papel del Estado
en la libertad religiosa consiste en garantizar su ejercicio por parte de
los ciudadanos. La libertad religiosa puede tener los límites del orden
público, pero nunca se pueden interpretar en el sentido de obligar a nadie a
obrar en contra de su conciencia. Una de las consecuencias más importantes
es la regulación de la objeción de conciencia, pero su examen excede del
objetivo de este artículo.
Ya se ve que el Estado debe garantizar, no reprimir ni menos aún obligar a
recluir la religión al ámbito de lo privado. Cualquier prohibición -de hecho
o de derecho- de las manifestaciones externas de la religión se debe
considerar contraria a la letra de la Declaración de los Derechos Humanos.
Como se ve, difícilmente se pueden justificar a la luz de la Declaración de
los Derechos Humanos una actitud del Estado en que se prohíba el uso de
signos distintivos de una religión, como el crucifijo o el velo en las
mujeres musulmanas. También se pueden considerar protegidas por el derecho a
la libertad religiosa otras manifestaciones, como la difusión de la propia
religión ante otras personas, la propaganda siempre que sea respetuosa, o
las manifestaciones colectivas como las procesiones, peregrinaciones y
similares. El Estado que garantice a sus ciudadanos el ejercicio de la
religión en todas sus manifestaciones sigue siendo, por ello, plenamente
independiente de la influencia religiosa.
En cuanto al laicismo, dado que se ha de considerar una doctrina más, sería
ilegítimo por parte del Estado su promoción indiscriminada. Ante el
laicismo, como ante las diversas confesiones religiosas, la actitud del
Estado ha de ser la de respeto e independencia. No puede el Estado asumir la
defensa del laicismo de la sociedad como fin objetivo, ni en nombre del
laicismo se puede reprimir el ejercicio de la religión.
Se puede admitir que el Estado sea laico -en sentido extenso, como hemos
visto, se quiere decir que ese Estado es independiente de las confesiones
religiosas- pero dado que se puede entender como que en ese Estado no es
posible proceder a la instrucción religiosa -lo cual corresponde con la
acepción propia de laico-, se ve que el uso del adjetivo laico aplicado al
Estado es cuanto menos equívoco. Parece preferible usar otra expresión.
Y desde luego, a la luz de las fuentes citadas, no parece legítimo usar el
carácter de laico del Estado -es decir, la independencia del Estado- para
prohibir las manifestaciones religiosas. La única excepción son las
manifestaciones religiosas contrarias al orden público, pero el orden
público no se puede interpretar en sentido de restringir la libertad de los
ciudadanos de manifestar su propia religión.
Igualmente, quien defiende posturas laicistas, por el respeto que todos los
ciudadanos debemos a la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, ha de respetar las manifestaciones religiosas de los ciudadanos que
sí profesen creencias religiosas. Sería contrario a la Declaración de
Derechos Humanos prohibir tales manifestaciones, y demostraría ser un
intolerante quien se extrañara de la creencia religiosa de otros. Peores
actitudes demostraría quien insultara a un creyente por serlo, o ironizara
sobre una doctrina religiosa. Entre estas actitudes tan innobles estaría
quien manifestara incomodo porque otra persona llevara un signo religioso o
una vestidura religiosa, o acudiera a convocatorias de contenido religioso.
Los ciudadanos con creencias religiosas tienen el derecho a que se les
garantice el ejercicio de su creencia.
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Estado laico existe gracias a la Iglesia, dice representante vaticano en Cuba
Cortesía Aciprensa
El Secretario para las Relaciones con los Estados del Vaticano, Arzobispo Dominique Mamberti, señaló que el Estado laico existe gracias al aporte del cristianismo, concretamente de la Iglesia Católica.
En su ponencia titulada "La laicidad del Estado: algunas consideraciones", el Prelado explicó que "se ha de observar que, aunque el término ‘laicidad’ tanto en el pasado como en el presente se refiere ante todo a la realidad del Estado y asume no pocas veces un matiz o acepción en contraposición a la Iglesia y al cristianismo, no existiría si no fuera por el mismo cristianismo".
"En efecto, sin el Evangelio de Cristo no habría entrado en la historia de la humanidad la distinción fundamental entre lo que el hombre debe a Dios y aquello que debe al César; es decir, a la sociedad civil. Aún el mismo término ‘laicidad’, derivado de la palabra ‘laico’, tiene su primer origen en el ámbito eclesial El laico es aquel ‘que no es clérigo’. Ésta es la primera acepción, que resulta totalmente intraeclesial, del término ‘laicidad’".
En la Edad Media, prosiguió el Prelado vaticano, "los soberanos, que reivindicaban una no sujeción al Papa, no por esto se consideraban fuera de la Iglesia; cuanto más, deseaban ejercer un rol de control y de organización de la misma Iglesia, pero no había ninguna voluntad de separarse de ella o su exclusión de la sociedad. Es a partir del Iluminismo y luego de manera dramática durante la Revolución francesa que el término ‘laicidad’ llega a designar su contrario: una completa alteridad; es más, una oposición neta entre el ámbito de la vida civil y aquel religioso y eclesial".
Seguidamente el Arzobispo indicó que "aunque la laicidad es invocada hoy yutilizada no raras veces para obstaculizar la vida y la actividad de la Iglesia en su realidad profunda y positiva ella no se hubiera ni siquiera dado sin el cristianismo. Es lo que ha sucedido también con otros valores que hoy son considerados típicos de la modernidad y frecuentemente invocados para criticar a la Iglesia o, en general, a la religión, como el respeto de la dignidad de la persona, el derecho a la libertad, la igualdad, etc.: que son en gran partefruto de la profunda influencia del Evangelio en diversas culturas, aún cuando más tarde fueron separados y hasta contrapuestos a sus orígenes cristianos".
"En muchas legislaciones estatales se afirma que la laicidad es uno de sus principios fundamentales; obviamente, sobre todo en lo que se refiere a la relación del Estado con la dimensión religiosa del hombre. Al respecto, no se puede olvidar que de hecho, en nombre de esta concepción, algunas veces son tomadas decisiones o emanadas normas que objetivamente afectan al ejercicio personal y comunitario del derecho fundamental a la libertad religiosa".
Mons. Mamberti dijo luego que "podemos notar que la falta de una subordinación lógica y ontológica de la laicidad respecto al pleno respeto de la libertad religiosa constituye para esta última una posible y también real amenaza. En tal caso, paradójicamente el Estado pasa a ser un Estado confesional y no más auténticamente laico, porque haría de la laicidad su valor supremo, la ideología determinante; justamente una especie de religión, hasta con sus ritos y liturgias civiles".
"Ha de reafirmarse la concepción plena del derecho a la libertad religiosa. Ya que, respetarlo no significa simplemente no ejercer coacción o permitir la adhesión personal e interior a la fe. Si bien el respeto del acto personal de fe es fundamental, no agota la actitud del Estado en relación con la dimensión religiosa, porque ésta –como la persona humana– tiene necesidad de exteriorizarse en el mundo y de ser vivida no sólo personalmente, sino también comunitariamente".
Refiriéndose finalmente a la misión de los laicos, el Arzobispo Mamberti resaltó que "al Magisterio le compete un rol distinto" del que les corresponde a ellos. "Mientras a los Pastores de la Iglesia les toca iluminar las conciencias con la enseñanza, ‘el deber inmediato de actuar en favor de un orden justo en la sociedad’ –como afirma Benedicto XVI en su encíclica sobre la caridad– ‘es… propio de los fieles laicos’, que lo realizan cooperando con los demás ciudadanos".